Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela

Caracas, 27 feb. 2010, Tribuna Popular TP.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que se solicitará el próximo lunes 1 de marzo la extradición del ex presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, por los sucesos ocurridos el 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.

Ortega Díaz explicó que tal solicitud no se había realizado antes debido a que revisaba si Venezuela tenía ese tratado con el país donde actualmente se encuentra el ex mandatario.

“La solicitud de extradición no es como una orden de captura, que de pronto es librada por cualquier autoridad policial. Este tipo de medida tiene que ser solicitada a un Estado o país determinado, y el requisito indispensable para ello es saber dónde se encuentra la persona requerida. No podemos solicitar una extradición a Colombia cuando la persona está en República Dominicana”, ejemplificó la Fiscal General.

Precisó que la Institución a su cargo tiene la información sobre el país donde se encuentra el ex Presidente.

Igualmente, detalló que la solicitud será realizada ante un Tribunal de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia que debe remitir la petición al Tribunal Supremo de Justicia, donde, tras revisar si están llenos los extremos legales, se decide si otorga el requerimiento.

Durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2009, los fiscales del caso imputaron a ex funcionarios de la administración de CAP: el ex ministro de la Defensa de la época, Ítalo del Valle Aliegro; el general retirado Manuel Heinz Azpúrua, ex jefe del Comando Estratégico de Caracas; el general retirado de la Guardia Nacional (GN) Freddy Maya Cardona, ex jefe del Comando Regional N°5, y el ex director de la Policía Metropolitana, general retirado de la GN José Rafael León Orsini.

La CIDH no fue diligente frente a El Caracazo

 “Habría que constatar cuáles fueron las diligencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando ocurrieron los hechos de El Caracazo”, dijo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al referirse al informe emitido recientemente por esta instancia internacional que nuevamente agrede al Gobierno revolucionario de Venezuela.

“¿Fue lo suficientemente diligente como para elaborar un informe como éste?”, se preguntó la fiscal general, al mostrar el documento que tenía a un lado de su escritorio.

Más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer la burocracia panamericana de derechos humanos, hoy el Ministerio Público (MP) de Venezuela está dispuesto “a llegar al fondo” de las investigaciones sobre los sucesos del 27, 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.

Al menos de eso no tiene duda la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, responsable de la investigación de este crimen de lesa humanidad, reabierto por el Estado venezolano.

“La próxima semana tenemos el acto conclusivo de las imputaciones por El Caracazo”, informó la funcionaria en entrevista a la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

La Fiscalía General de la República imputó en 2009 al general retirado de la Guardia Nacional (GN) Freddy Maya Cardona; al ex ministro de la Defensa Ítalo Del Valle Alliegro; al ex jefe del Comando Estratégico de Caracas Manuel Heinz Azpúrua y al ex director de la Policía Metropolitana (PM) general retirado de la GN José Rafael León Orsoni, por sus presuntas responsabilidades en los sucesos ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.

“Todos asistieron a la Fiscalía. Todos se sometieron a la persecución penal”, acotó Ortega Díaz.

Las acusaciones se refieren a la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales debidamente suscritos por la República.

En cuanto al proceso de identificación de las víctimas de El Caracazo enterradas en la fosa común de La Peste, en el Cementerio General del Sur, Ortega Díaz adelantó que pronto podrían dar nombre y apellido a 15 personas.

“Han concurrido parientes de 18 fallecidos y ya tenemos las fichas pre-mortem de ese mismo número de víctimas. Hay 15 de esos familiares que vamos a remitir al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) para extraerles una muestra de ADN y así compararla con la de las osamentas, a las que ya se les hizo en la etapa de individualización”, destalló.

En septiembre pasado, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de continuar con la investigación, localizar, exhumar e identificar a los cadáveres, el Ministerio Público, en representación del Estado venezolano, se ocupó del proceso.

En una primera etapa exhumaron los cadáveres, hoy osamentas, presuntamente de los días de El Caracazo enterradas en los nichos de La Peste, las cuales un equipo de expertos antropólogos y forenses individualizó (determinar sexo, estatura, edad, talla, origen racial), extrajo una muestra de ADN, para posteriormente poder comparar con información pre-mortem (una ficha odontológica, radiografía, fotografía de cara del desaparecido en esa fecha, o algún dato de que haya sufrido una fractura o enfermedad en los huesos), y así lograr su identificación.

En La Peste se exhumaron, en tres días, 125 cadáveres. En el estudio de individualización 47 correspondieron a la época de El Caracazo.

“Ha sido un trabajo cuesta arriba por las condiciones en las que se encontraban los cadáveres. Ahí descubrimos que el trato que se le dieron a esos cuerpos no importó nada. Los metieron en fosas y nichos sin ningún tipo de tratamiento, mezclados con otros muertos”, aseveró la fiscal Luisa Ortega Díaz.

El proceso se ha quedado en la etapa de individualización debido a que pocos familiares de las víctimas han entregado al Ministerio Público información suficiente para compararla con los hallazgos científicos.

Esto, señaló Ortega Díaz, es debido a muchas razones, entre otras porque han pasado muchos años y algunos familiares de víctimas han muerto o eran muy pequeños en ese momento para poder recordarlos y han perdido la información de sus seres queridos fallecidos.

“Tenemos conocimiento de que en 1991, cuando se hizo la primera exhumación, en la cual participó el Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (Cofavic), se trabajó con información pre-mortem y, por declaración de testigos, se asegura que a esa ONG se le entregó todo ese material necesario para identificar a personas presuntamente enterradas en la fosa común La Peste', explicó.

De igual modo, refirió: 'Nosotros hemos solicitado a Cofavic que nos remita esa información, y no lo ha hecho”,

“La obligación de los venezolanos es colaborar con la justicia”, apuntó, la fiscal general.

Por ello, instó: “Yo quisiera que Cofavic voluntariamente consignara esa información al Ministerio Público y, de esa forma, ayudara a la investigación, contribuyera, sobre todo ellos, que son una ONG de derechos humanos, deberían ayudar a que este caso se esclarezca”.

El Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo, representado por Aura Liscano, se ha opuesto públicamente a las acciones del Estado venezolano para cumplir la sentencia de la CIDH sin dar mayores argumentos.

En el acto de exhumación del primer cadáver, un grupo de esta organización, integrado por familiares de víctimas de El Caracazo, se acercó a La Peste a reclamar el procedimiento de identificación de estas personas aplicado por el Ministerio Público y lo consideraron “ilegal”.

El equipo designado para este trabajo lo encabezan académicos expertos en antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y técnicos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).

40 años de violaciones a los DDHH

De igual modo, la fiscal general Luisa Ortega Díaz mencionó las incontables violaciones a los derechos humanos durante los cuarenta años de gobierno de la cuarta república.

“La gente tenía miedo de denunciarlas”, dijo Ortega Díaz, al tiempo que ejemplificó el caso de El Caracazo.

“Muchos familiares de los fallecidos en esos días no acudían a las morgues o cuerpos policiales por temor a ser reprimidos. Se les convertía doblemente en víctimas”, destacó la funcionaria.

Por tal motivo, sostuvo que en la actualidad los órganos de seguridad del Estado “tienen una concepción distinta”.

La vieja doctrina de Seguridad Nacional dictada por el gobierno de Washington, que hacía del pueblo y sus organizaciones sociales los enemigos del Estado, ya no existe. La Revolución Bolivariana tiene como una de sus principales bases la unidad del pueblo y la Fuerza Armada Bolivariana.

La CIDH contra el Estado

Lesionados y familiares de víctimas de El Caracazo, agrupados en Cofavic, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos en los sucesos de febrero y marzo de 1989.

La CIDH demandó ante la Corte al Estado venezolano por este caso pero el “desde que se demanda, que fue en 1991, hasta 1999, estamos hablando de 8 años, la Corte no había decidido nada. El Estado venezolano y el gobierno de Hugo Chávez admitieron la demanda”, sostuvo la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

“La Corte Interamericana condena al Estado venezolano a pagar solamente a los 37 fallecidos y los 3 lesionados, los que acudieron a ésta, pero el Estado fue más allá y está indemnizando al resto de las víctimas de El Caracazo”, expresó.

de El Caracazo

El número de personas asesinadas en los sucesos del 27, 28 de febrero y primeros días de marzo ha sido siempre una incógnita, pero el Ministerio Público tiene sus números.

“Tenemos 336 investigaciones abiertas por El Caracazo, de las que 331 son por homicidio”, informó Ortega Díaz.

Sin embargo, la fiscal advirtió que 331 expedientes no son exactamente 331 muertos, “pueden haber algunos que de pronto tengan 2 ó 3 homicidios”.

En cuanto a rumores de fosas comunes de El Caracazo en otros lugares, indicó que no se tiene prueba de ello, pero que igual se está investigando.