José Vicente Rangel

La defensa de los derechos humanos es una causa noble. Lo fue en el pasado, cuando la batalla se daba en solitario y sin apoyo mediático. Porque cuando la derecha mundial y el imperio violan los derechos humanos la causa se torna invisible.

Esa causa sigue siendo digna, sin duda la mejor, pero en condiciones diferentes. Ya que ha dejado de ser emblema de los perseguidos de verdad, de los reprimidos por motivos sociales y auténticamente políticos, para convertirse en banal expresión de un sórdido mercadeo. Basta contrastar pasado y presente. Recordar episodios vividos, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando patriotas irlandeses morían en soledad en huelgas de hambre --ejemplo: Boby Sand--, condenados por la arrogancia de quien para entonces era Primera Ministra conservadora del Reino Unido. O comparar las exigencia que los gobiernos de España suelen hacerle a los países de la región para liberar presos políticos, cuando ellos mantienen en la cárcel, en condiciones violatorias de elementales normas legales y humanas, a centenares de luchadores vascos a los que no se les reconoce la condición de presos políticos.

Pero el caso es Venezuela. Los que hoy se rasgan las vestiduras en el país, aquellos que se dedican a plantear ante organismos internacionales el más mínimo problema que surja en esa materia --a diferencia de otras épocas no es política de Estado ni del gobierno bolivariano-- son los mismos que guardaron silencio durante más de 40 años cuando aquí se asesinaba a luchadores políticos y se torturaba a mansalva; cuando se violaba descaradamente el debido proceso; cuando la justicia militar sustituía a la ordinaria y se instauraron tribunales de excepción; cuando se impuso el universo concentracionario de los Teatro de Operaciones (TO); cuando eran suspendidas las garantías constitucionales para atropellar y no para preservar la legalidad y, en fin, cuando miles de ciudadanos fueron desaparecidos. También son los mismos --o sus herederos biológicos y políticos-- que directamente aplicaron esos métodos; que ejecutaron las órdenes provenientes del alto gobierno para degradar la condición humana y convertir el Estado de derecho en un sombrío y despreciable espectro.

Para algunos no hay memoria, o más bien hay olvido deliberado. Para otros sí la hay, y por tanto es inaceptable que la causa de los derechos humanos se convierta en mercancía. Que exista un tráfico obsceno que combina el cinismo con la falsedad. Algo viscoso que instrumentaliza el tema de los derechos humanos y lo coloca al servicio de sórdidas políticas. Convirtiéndolo en punta de lanza para desacreditar gobiernos progresistas y preparar celadas contra el orden constitucional y auténticamente democrático. El mejor ejemplo de lo que sucede es el comportamiento de la inefable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) --instancia burocrática y coto cerrado de un funcionario inmoral, Santiago Cantón, que se apropió de ella--, donde todo está tarifado y digitalizado por poderosos intereses. Supuestamente tiene relación vinculante con la OEA y actúa a nombre de ésta, pero en la práctica posee su propia dinámica.

Para esta comisión el objetivo, hoy por hoy, es Venezuela. Como lo es también para la Casa Blanca, el Pentágono, el Comando Sur y los sectores de la ultra derecha en diversos países de la región. Es parte del mecanismo que prepara la agresión que está en marcha contra Venezuela y el proceso bolivariano con impredecibles desarrollos. Los informes de la CIDH --en particular el último, producto de denuncias manipuladas y de lo que publican los medios nacionales y foráneos encadenados-- tienen como propósito preparar el terreno para cualquier aventura. Tienen a su cargo el bombardeo a base de desinformación que permite, con posterioridad, la ejecución de las acciones destinadas a minar la estabilidad de un país. Reproduce, con las peculiaridades propias del momento, la terrible campaña que precedió el ataque a Irak con el cuento aquel de que esa nación tenía armas de destrucción masiva.

Por eso es que no hay que desestimar lo que ocurre y urge deslindar con el inmoral sistema interamericano. Hay que denunciarlo. Ponerlo en evidencia. Ya que no vale la pena permanecer en él. Su linea de acción será cada día más agresiva. Porque no son los mercenarios de la CIDH los generadores de esa política: simplemente son los encargados de aplicarla por órdenes superiores. En consecuencia, Venezuela debe salirse de esa trampa mortal. Sobre todo en los actuales momentos, cuando la OEA agoniza y se vislumbra una organización regional diferente que tiene que conducir a políticas diferentes